Es bien conocida la singularidad de la materialización del ahorro de las familias españolas frente a países de nuestro entorno. De los 5,5 billones de euros que se estima representaba a cierre de 2017 (un 540% del PIB), en torno al 80% estaba soportada por activos inmobiliarios, en tanto que el 20% restante (un 115% del PIB, según datos del reciente informe de Inverco) lo aportaba su riqueza financiera neta.
También lo es la históricamente relativa baja tasa de ahorro de los hogares españoles, significativamente por debajo de la media de la eurozona, especialmente de la alemana o la francesa, aunque no muy diferente de la de países como el Reino Unido e Italia. Y tanto como el reducido nivel de la contribución anual al ahorro, no es menos llamativa la extraordinaria sensibilidad de dicha tasa a cambios de las condiciones cíclicas de la economía: hoy volvemos a situarnos en niveles cercanos al 6% de la renta disponible, casi la misma tasa que la previa al inicio de la crisis hace diez años, y eso después de haber alcanzado un nivel doble tras el primer impacto recesivo.
Con ser extremadamente relevante esa triple caracterización del ahorro de las familias españolas, nuestro interés en esta entrada, aprovechando los datos recién publicados del informe de Inverco, pone el foco en ese 20% de la riqueza de las familias que a día de hoy se materializa en activos financieros. El cuadro adjunto es bien ilustrativo de los grandes cambios que se han operado durante esta última década.
Aun cuando el grado de concentración en activos inmobiliarios sigue siendo muy extremo, se ha producido una reorientación clara hacia activos financieros computados en términos netos. De hecho el volumen de activos financieros netos en poder de las familias prácticamente se dobla en el periodo, hasta alcanzar 1,3 billones de euros a cierre de 2017 frente a los 0,7 billones de 2008.